La ley N° 21.210, sobre modernización tributaria, fue publicada el 24 de febrero de 2020 y rige desde el 1° de enero de este mismo año. El proyecto original promovido por el actual gobierno, que tenía por objeto simplificar el complejo sistema tributario, se vio afectado por la crisis social de octubre. De este modo, esta nueva ley tiene –igualmente– por finalidad obtener una mayor recaudación fiscal o, dicho de una forma más directa, obtener un tajada mayor de la torta. En la última década la legislación tributaria ha sufrido una serie constante de cambios: el 2010, 2012, 2014, 2015 y, ahora, el 2020. Todas finalmente destinadas a obtener un porcentaje mayor del PIB (o, como hemos dicho, del pastel que el país hace todos los años).
Sobre este punto me detengo. Se ha instalado la idea que la única forma de dar solución a los problemas sociales –que de suyo es imperativo que sean solucionados– pasa por el incremento de la carga tributaria sobre las empresas y las personas. A grandes rasgos, existen dos variables más. Primero, la torta debe crecer todos los años. No sacamos nada con que el Estado se quede con una fracción mayor de la torta, si ese pedazo es más pequeño que en los años anteriores. Segundo, es fundamental que el Estado sea eficiente en la administración de los recursos obtenidos a través de los impuestos.
La actual pandemia nos está sumiendo en una crisis que no se veía en el país desde el año 1982. Dentro de las medidas políticas que probablemente tendremos que asumir encontraremos una nueva reforma tributaria. Sí, otra vez. El problema es grave, el drama humano que estamos viviendo no sólo es por la pérdida de vidas de familiares y amigos, sino que también por la pérdida de puestos de trabajo, con las consecuencias que ya sabemos. Bajo este escenario, debemos estar en extremo claros que los esfuerzos para reactivar la economía serán mayúsculos. Una de las discusiones fundamentales que el país debiera sostener en las próximas semanas, es sobre cómo conjugar los siguientes cuatro elementos: 1) crecimiento y creación de empleos, 2) uso eficiente de los recursos del Estado, lo que implicaría una reforma profunda de su administración, 3) una reforma tributaria que tenga como eje central la promoción de la inversión, el crecimiento y el empleo, y 4) que por un muy buen tiempo no hayan más reformas tributarias. Esto último no es menor, la constante incertidumbre sobre la carga tributaria o la forma de tributar, hace que la creación de nuevos negocios se pospongan (muchas veces la dificultad no es que te cobren más impuestos, sino que no sabes cuánto finalmente te van a cobrar). Por ello, es esperable que exista un gran acuerdo que establezca las reglas en forma clara y para un largo plazo.
VICTOR PEREZ
Abogado y Magíster en Tributación
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